Pedro Castillo: Entre el encarcelamiento y la lucha por su defensa legal
Un juez de la Corte Suprema de Perú tomó la decisión, que no puede ser apelada, tras desestimar el pedido de archivo de la causa que había planteado la defensa de Castillo.
Samantha Radio Online, Lima, Perú
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, continúa en el centro de la escena política del país tras ser destituido y encarcelado en diciembre de 2022. Castillo, que fue removido de su cargo tras un intento fallido de disolver el Congreso y asumir poderes excepcionales, enfrenta varios procesos judiciales bajo cargos de corrupción y rebelión. Aunque ya ha pasado más de un año desde su arresto, el caso del exmandatario sigue generando polémica, dividiendo a la opinión pública y a las instituciones peruanas.
Castillo, que proviene de un entorno rural y sindical, ha mantenido su inocencia, alegando que su destitución fue un golpe de Estado encubierto orquestado por las élites políticas y económicas del país. Desde su celda, ha seguido lanzando mensajes a través de su equipo legal, reafirmando que es víctima de una persecución política. El exmandatario ha solicitado la intervención de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se evalúe la legitimidad de su encarcelamiento.
El proceso judicial que enfrenta Pedro Castillo ha avanzado lentamente. Las acusaciones en su contra se centran en presuntos actos de corrupción durante su mandato, así como en la tentativa de subvertir el orden constitucional. Los fiscales han presentado pruebas que, según ellos, vinculan al expresidente con una red de sobornos que involucraba a funcionarios cercanos. Sin embargo, la defensa de Castillo ha argumentado que las pruebas son insuficientes y que todo el proceso judicial está políticamente motivado.
Mientras tanto, el clima político en Perú sigue siendo volátil. Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Castillo, ha enfrentado protestas constantes desde su ascenso al poder, principalmente en las regiones rurales que apoyaban fervientemente a Castillo. Los manifestantes han exigido su renuncia y la convocatoria de nuevas elecciones, lo que ha sumido al país en una crisis política prolongada, con un número considerable de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
En el ámbito internacional, la detención de Pedro Castillo ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos gobiernos y organismos de derechos humanos han expresado preocupación por la manera en que fue destituido, otros han respaldado la acción del Congreso peruano. Los países de la región han mantenido una postura prudente, aunque México y Bolivia se han pronunciado abiertamente a favor de Castillo, criticando lo que consideran una “persecución política” en su contra.
Castillo ha mantenido su lucha desde prisión, convocando a sus seguidores a mantener la movilización y exigiendo que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y rurales, quienes han sido sus principales bases de apoyo. A pesar de su caída, sigue siendo una figura simbólica para muchos peruanos que se sienten marginados por el sistema político tradicional. “No voy a rendirme, seguiré luchando por la justicia para los que menos tienen”, declaró Castillo en un reciente mensaje difundido por sus abogados.
La actual administración de Boluarte ha intentado abrir un diálogo con los grupos opositores y las comunidades que apoyan a Castillo, pero los esfuerzos han sido infructuosos hasta ahora. La profunda desconfianza hacia las instituciones peruanas, sumada a la crisis económica que afecta al país, ha exacerbado el descontento social. A medida que se prolonga la inestabilidad, la figura de Castillo sigue influyendo en la política peruana, ya sea como símbolo de resistencia o de controversia.
En los próximos meses, se espera que el juicio contra Castillo avance, aunque su resultado sigue siendo incierto. El futuro del expresidente parece depender tanto de las pruebas que se presenten en su contra como de la presión social y política que pueda ejercer desde prisión. Mientras tanto, el país continúa enfrentando uno de los momentos más convulsos de su historia reciente, con profundas divisiones que parecen lejos de resolverse.
La justicia peruana anunció el lunes que el expresidente peruano Pedro Castillo irá a juicio en un caso por presunta rebelión por el que la fiscalía solicitó 34 años de cárcel. El exmandatario también está investigado de forma paralela por presunta corrupción.
Un juez de la Corte Suprema de Perú tomó la decisión, que no puede ser apelada, tras desestimar el pedido de archivo de la causa que había planteado la defensa de Castillo. El expresidente está en prisión preventiva desde diciembre de 2022 por tres años dadas las dos investigaciones en su contra.
Aún no se ha determinado la fecha del juicio. Castillo no realizó declaraciones. La AP intentó comunicarse con la defensa de Castillo sin recibir respuesta por el momento.
