Haití encarará su prueba electoral más difícil el 13-D

Tras casi una década de parálisis institucional total y sin celebrar elecciones, Haití se encauza con lentitud hacia una cita para sus elecciones presidenciales y legislativas el venidero domingo 13 de diciembre, exactamente a 71 días a contar desde este sábado 3 de octubre

Emprender un proceso electoral en el Haití actual es como intentar construir un edificio durante un terremoto, esto así, porque representa el intento más ambicioso y arriesgado de la última década por restaurar el orden constitucional y la democracia en ese país.

Sin embargo, entre esta osadía del gobierno de transición y las urnas interfiere con fuerza el problema de la cruenta inseguridad allí, el control territorial innegable de las bandas armadas y el pánico diario de la población.

¿Cuál es el problema de fondo y la duda sobre este intento de votar bajo un clima de inestabilidad?

Estimaciones oficiales e internacionales señalan que las pandillas dominan entre el 80% y el 90% de la capital, Puerto Príncipe, así como las principales arterias viales que conectan el norte y el sur del territorio.

En un ambiente donde cruzar de un barrio a otro puede costar la vida, garantizar que los ciudadanos acudan masivamente a los centros de votación es una pesadilla logística y de seguridad.

Aunque la misión de apoyo policial internacional ejecuta operativos para recuperar zonas clave, el tiempo juega en contra para pacificar la nación antes de mediados de diciembre. 

A la inseguridad se suma la crisis de documentación. Para ejercer el derecho al voto en cualquier democracia es imprescindible existir legalmente ante el Estado.

Actualmente, la Oficina Nacional de Identificación (ONI) contabiliza entre 5.8 y 6.5 millones de ciudadanos con documento, pero solo unos 700,000 nuevos electores se han registrado en esta fase de actualización.

Además, existe un déficit estimado de un millón de tarjetas de identificación biométrica sin entregar, debido a que miles de desplazados internos han perdido sus documentos o no pueden llegar a los centros de carnetización por el bloqueo de caminos.

Aunque el Consejo Electoral Provisional (CEP) y la OEA han acelerado los programas de registro, la capacidad técnica avanza a “paso de tortuga” frente al ritmo del calendario electoral. En el plano político, con más de 300 partidos registrados que amenazaban con fragmentar el voto, el CEP impulsó la articulación en 15 grandes bloques y coaliciones de fuerzas tradicionales y emergentes. 

Para la presidencia compiten nueve candidatos principales, entre ellos figuras polémicas como el exprimer ministro Claude Joseph, Wilner Joseph, Joseph Maxo, Munir Joseph Moura y Gandy Dorfeuille, además de más de 500 aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados.

La jornada no solo medirá la preferencia presidencial y legislativa, sino que incluirá un referéndum constitucional para abolir el Senado (creando un Congreso unicameral) y permitir mandatos presidenciales consecutivos.

En unas declaraciones recientes, el gobierno de transición, liderado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, ha reiterado que las elecciones se realizarán “cueste lo que cueste”, algo que, sobre el terreno, como habíamos anotado en otras entregas sobre el tema haitiano, la realidad muestra una situación muy diferente.

Con el apoyo de la Policía Nacional y la misión de seguridad internacional respaldada por la ONU), el Estado mantiene el control de centros clave en Puerto Príncipe, como el Palacio Nacional, las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture y el perímetro administrativo central.

Por su parte, la alianza de pandillas Viv Ansanm mantiene su dominio o influencia directa sobre entre el 80% y el 90% del área metropolitana de la capital, extendiendo además sus operaciones hacia la fértil región agrícola de Artibonite. Por igual, las carreteras principales que conectan la capital con el norte y el sur del país sufren bloqueos intermitentes.

Analistas de seguridad internacional y del propio Haití anticipan que las organizaciones criminales no permanecerán al margen de las elecciones y contemplan acciones de boicot y violencia armada, coacción al voto y hasta presión para negociar.

El temor es que se produzcan ataques a centros de votación, quema de papeletas e intimidación el mismo día de la elección para deslegitimar el proceso e impedir la participación ciudadana. También, estos analistas prevén que en los sectores bajo su control absoluto, los jefes de las bandas podrían obligar a los residentes a votar masivamente por candidatos afines a sus intereses a cambio de “protección”.

Entonces, como se verá, la parte que no parece tomar en cuenta el gobierno transitorio es que los pandilleros podrían utilizar la amenaza de alterar el proceso electoral para exigir amnistías, paralizar las incursiones policiales o la suspensión de extradiciones.

Solo si las fuerzas de seguridad toman control y defienden los puntos de votación, Haití dará el primer paso para tener autoridades electas democráticamente. Si no logra esto, el riesgo de una baja participación o abstención electoral forzada podría dejar al nuevo gobierno con los mismos problemas de legitimidad que han arrastrado las actuales autoridades de transición.

El próximo 13 de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Consejo de Transición para garantizar comicios sin arriesgar vidas. Determinar si votará la mayoría de la población y si las autoridades electas gozarán de legitimidad es aún una incógnita. 

Solo queda esperar que Haití dé un salto cualitativo el domingo 13 de diciembre hacia la institucionalidad, abonando el camino hacia la reconciliación y una paz duradera.