Parlamento israelí aprueba ley de pena de muerte a palestinos condenados por asesinatos terroristas
El parlamento de Israel adoptó este lunes una ley que permite aplicar la pena capital a condenados por ataques mortales catalogados como actos de «terrorismo», una medida que en la práctica afectaría principalmente a palestinos y que ha sido denunciada por la Autoridad Palestina como un intento de «legitimar las ejecuciones extrajudiciales»
Por: Janira Gómez Muñoz (Jerusalén)
Israel acaba de ampliar su pena de muerte –inactiva desde los años 60–, con una ley que castiga, por defecto y en exclusiva, a los palestinos de Cisjordania ocupada que hayan sido condenados por asesinar a israelíes «en atentados terroristas mortales».
La ley no solo permite, a partir de ahora, aplicar la pena capital mediante ahorcamiento, sino que establece que este sea el castigo, por defecto, para los palestinos que hayan matado a israelíes en «actos» que Israel considere «de terrorismo», una definición que el país suele ampliar cuando involucra a palestinos.
Eso sí, esta medida solo la podrán aplicar los tribunales militares israelíes, y esto es lo que hace que, en la práctica, vaya dirigida únicamente a los palestinos que viven en Cisjordania. Estos tribunales rigen solo en este territorio palestino ocupado, pero excluyen a los judíos que viven en él, en asentamientos ilegales (según el derecho internacional), y que son juzgados bajo ley civil como si vivieran en Israel.
La ultraderecha israelí anhelaba desde hace años endurecer las penas contra los palestinos. Sin embargo, el promotor de esta ley es el ministro de Seguridad, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, quien carga con ocho condenas, una de ellas por apoyar a una organización terrorista. Se le vio tan pletórico en el Parlamento, que estuvo a punto de descorchar una botella de champán en el interior de esta institución.
Tras tres lecturas y otras votaciones internas, la Knesset ha acabado aprobando esta ley por 62 votos a favor y 48 en contra. Entre los apoyos, el del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que a lo largo del proceso se opuso a su aprobación por la mala publicidad internacional que generaría, pero que está a favor, y ya en 2022 abogaba por una ley que sentenciara a muerte a los palestinos condenados por ataques mortales.
Entre los detractores, hay partidos árabes y de centro, que sostienen que se trata de una ley inmoral y con sesgo racial. Palabras que usan organizaciones israelíes de Derechos Humanos como B’Tselem, que subraya que estos tribunales militares tienen una tasa de condena del 96%, a veces mediante confesiones extraídas bajo malos tratos o torturas.
«Es un nuevo nivel de deshumanización hacia los palestinos», ha denunciado su directora ejecutiva, Yuli Novak: «Ya asesina a palestinos sistemáticamente y no se le exige que rinda cuentas (…). El sistema israelí se está convirtiendo día a día en un sistema que normaliza el asesinato».
Se prevé que los ahorcamientos tengan lugar 90 días después de una sentencia dictaminada por mayoría simple, que en «circunstancias especiales» podrá ser conmutada por una cadena perpetua.
Varias oenegés locales, entre ellas Adalah y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, ya han presentado peticiones de anulación al Tribunal Supremo israelí, órgano que tendrá que revisar, por último, la viabilidad de esta ley y si, a falta de Constitución en el país, atenta contra las leyes básicas israelíes –las normas más importantes–.
