Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales
El caso de La Tora pone en evidencia la delgada línea entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal en la comunicación pública
Por Alan Vargas, alanvargas01@gmail.com, Samantha Radio Online
El Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales en la República Dominicana ha generado un intenso debate en el ámbito político y periodístico. Esta iniciativa busca modernizar la legislación vigente, reemplazando la antigua Ley 6132 de 1962, que ha regulado la comunicación pública durante más de seis décadas.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Este instituto tendría la potestad de regular, fiscalizar y sancionar a los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Sin embargo, diversos sectores han expresado su preocupación por el poder discrecional que se le otorgaría a esta entidad, lo que podría derivar en censura indirecta3.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha señalado que el proyecto contiene contradicciones graves entre sus principios proclamados y los mecanismos de control que propone. Según el gremio, el INACOM podría convertirse en un instrumento de presión contra la prensa independiente y crítica.
Otro punto de controversia es el régimen sancionatorio establecido en el proyecto. Las infracciones consideradas graves podrían dar lugar a sanciones como la suspensión de transmisiones por hasta 90 días, eliminación de contenidos y multas que oscilan entre 30 y 200 salarios mínimos. Estas medidas han sido calificadas como severas y desproporcionadas, lo que podría afectar la sostenibilidad de los medios de comunicación.
La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) ha reconocido que el proyecto representa un avance significativo en la modernización del marco legal. Sin embargo, advierte que algunas disposiciones podrían debilitar la libertad de prensa, promover la autocensura y facilitar formas de control político sobre el ecosistema mediático.
Uno de los aspectos positivos del proyecto es el reconocimiento de derechos fundamentales como la cláusula de conciencia del periodista, el secreto profesional, la prohibición de censura previa y la regulación de plataformas digitales. Estas medidas buscan adaptar la legislación a los desafíos de la era digital.
No obstante, la redacción ambigua de ciertos artículos sobre la protección de la intimidad, la dignidad y la moral pública ha generado preocupación. Según Adopae, estos conceptos jurídicos vagos y abiertos podrían ser utilizados para justificar medidas restrictivas contra medios de comunicación y periodistas disidentes.
El proyecto también impone regulaciones estrictas sobre las plataformas digitales, incluyendo la obligación de publicar en español las políticas de uso, explicar sus reglas de moderación y justificar cualquier cambio o restricción de contenido. Además, exige transparencia en el funcionamiento de los algoritmos y códigos fuente.
El presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, ha solicitado que se realice una discusión profunda sobre el proyecto antes de su aprobación. Según él, es necesario garantizar mecanismos efectivos de contrapeso institucional y asegurar el debido proceso en las sanciones.
El Poder Ejecutivo, por su parte, ha defendido la propuesta, argumentando que busca proteger los derechos de todas las partes envueltas en el proceso de búsqueda, recepción y difusión de ideas, datos e informaciones. Sin embargo, la falta de representación de la sociedad civil en la conformación del INACOM ha sido un punto de crítica.
Diversos gremios periodísticos han instado al Congreso Nacional a organizar vistas públicas para debatir el proyecto más ampliamente. La comunidad periodística insiste en que la regulación debe garantizar la libertad de expresión sin interferencias, censura ni represalias.
En conclusión, el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales representa un paso necesario hacia la modernización de la legislación en materia de comunicación. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosamente revisada para evitar que se convierta en un mecanismo de control que limite el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en la República Dominicana.
El apresamiento y posterior liberación de Claudia Pérez, conocida como La Tora, ha generado un debate sobre la libertad de expresión en la República Dominicana, especialmente en el contexto del Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.
La Tora fue arrestada por orden de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, luego de ser declarada en rebeldía por no comparecer a una audiencia relacionada con una acusación de difamación e injuria interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory). La jueza Diana Moreno Rodríguez ordenó su detención bajo el argumento de que la comunicadora se sustrajo del procedimiento judicial. Sin embargo, horas después, la magistrada levantó la rebeldía y ordenó su liberación, aplazando la audiencia para el 28 de mayo.
Este caso ha sido interpretado por algunos sectores como un ejemplo de cómo las leyes actuales pueden limitar la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de figuras mediáticas que critican a políticos y funcionarios públicos. La acusación contra La Tora se basa en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza la difamación en medios digitales.
Por otro lado, el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, actualmente en discusión, busca modernizar la legislación vigente y sustituir la antigua Ley 6132 de 1962. Aunque el proyecto reconoce derechos fundamentales como la cláusula de conciencia del periodista, el secreto profesional y la prohibición de censura previa, también introduce regulaciones estrictas sobre los medios de comunicación y plataformas digitales.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un organismo que tendría la potestad de supervisar contenidos, imponer sanciones y coordinar la regulación de plataformas digitales. Esto ha generado preocupación entre periodistas y comunicadores, quienes temen que el INACOM pueda convertirse en un instrumento de control estatal sobre la prensa independiente.
El caso de La Tora pone en evidencia la delgada línea entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal en la comunicación pública. Mientras algunos consideran que su detención fue un acto de justicia, otros lo ven como una represalia política que podría repetirse con otros comunicadores críticos si el nuevo proyecto de ley es aprobado sin modificaciones.
En conclusión, la controversia en torno a La Tora y el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales refleja la necesidad de un debate profundo sobre los límites de la libertad de prensa en la República Dominicana. La regulación debe garantizar el derecho a opinar libremente, pero sin convertirse en un mecanismo de censura o persecución contra quienes cuestionan el poder. La discusión sigue abierta, y su desenlace podría marcar un precedente en la comunicación política y mediática del país.
