Referéndum muy politizado sobre la reforma judicial
Los italianos se pronuncian en referéndum, el domingo 22 y el lunes 23 de marzo de 2026, sobre una reforma judicial que, según la primera ministra Giorgia Meloni, resulta esencial para garantizar la imparcialidad de los magistrados. Sus detractores denuncian un intento de control por parte del poder político.
Por: RFI y Por Murielle Paradon
Atacar a la magistratura en Italia no es cosa menor, ya que remite a los momentos más oscuros del país. “El problema es que Giorgia Meloni vuelve sobre un sistema adoptado tras la Liberación, que marcaba la plena autonomía del poder judicial respecto al Estado”, recuerda Anne Marijen, profesora titular de Ciencias Políticas en la Universidad París VIII. “Bajo el fascismo, la justicia estaba a las órdenes del Estado y, al salir de la guerra, se puso fin a ese sistema”.
La reforma de la justicia presentada por el Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni es, en apariencia, técnica, pero en el fondo es muy política. Impondría a los fiscales y a los jueces, que forman parte de la misma corporación de magistrados, seguir trayectorias separadas, con el fin de garantizar la imparcialidad de la justicia, según los defensores de la reforma. “Un falso problema”, según Anne Marijen, ya que, desde 2022, solo es posible cambiar de función una vez en la carrera profesional.
Riesgo de sometimiento al poder político
La reforma prevé, además, dividir el actual Consejo de la Magistratura —que supervisa las carreras de los magistrados— en dos órganos y crear uno nuevo, un órgano disciplinario. En este caso, lo que suscita dudas es la composición de estos órganos, ya que algunos magistrados serían designados por sorteo, en lugar de ser elegidos por sus pares, mientras que otra parte sería designada por el Parlamento. “Quien tenga la mayoría en el Parlamento podrá influir en la composición del Consejo de la Magistratura, que a su vez decidirá el nombramiento de los jueces. Por lo tanto, existe un riesgo de sometimiento” al poder político.
Una voluntad de control que no sería ajena a ciertas decisiones tomadas por magistrados en contra de la política del Gobierno de Meloni. La justicia italiana se opuso, por ejemplo, en 2024 a la retención en Albania de migrantes enviados por Italia. En febrero de 2026, un tribunal siciliano ordenó al Estado italiano indemnizar a la ONG Sea-Watch por haber bloqueado en 2019 su barco de rescate de migrantes en un puerto, lo que provocó la ira de la primera ministra. “Para ella, está claro que se trata de magistrados politizados, que no hacen su trabajo”, señala Giuseppe Bettoni, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Tor Vergata de Roma.
Tensiones históricas entre la justicia y la política italiana
Las tensiones entre la justicia y la política no son nada nuevo. En la década de 1990, la operación “Mani pulite” (Manos limpias), una serie de investigaciones judiciales que sacaron a la luz un vasto sistema de corrupción y financiación ilícita de partidos políticos hizo literalmente estallar el sistema. Varios partidos históricos desaparecieron. No hay que olvidar que lo que se denominó “la revolución italiana” fue liderada por magistrados, “es un poco el pecado original”, comenta Giuseppe Bettoni. En la década de 2000, Silvio Berlusconi, el primer ministro de derecha implicado en varios escándalos y condenado, por cierto, por corrupción, intentó, sin éxito, reformar la justicia. Hoy le toca el turno a Giorgia Meloni. Se ve obligada a organizar un referéndum, al no contar con la mayoría de dos tercios necesaria en el Parlamento para llevar a cabo una reforma constitucional. Por el momento, el “no” ganaría por un estrecho margen, según las encuestas.
La primera ministra no se juega gran cosa, ya que no ha puesto su dimisión en la balanza. Pero, en caso de fracaso, su imagen podría verse empañada, según Giuseppe Bettoni. Este referéndum sobre una reforma técnica podría convertirse en “un referéndum a favor o en contra de Meloni, sobre cuestiones como el apoyo a Donald Trump en un contexto de guerra contra Irán y de problemas económicos”.
Esta votación podría ser también una prueba para ir más allá “en el intento de Giorgia Meloni de cambiar el equilibrio de poderes en Italia”, según Anne Marijen. Su proyecto consiste en reformar el poder ejecutivo, permitiendo a los votantes elegir directamente a su primer ministro, al mismo tiempo que a las cámaras, una especie de presidencialización del poder […]. Lo cual se sumaría a las cuestiones que nos planteamos a nivel europeo cuando observamos la evolución de regímenes iliberales como el de Viktor Orbán, en Hungría”.
La participación en este referéndum también será determinante. ¿Acudirán los italianos a las urnas por una reforma que no resolverá el problema de fondo de la justicia actual?, se pregunta Giuseppe Bettoni, es decir, la lentitud de los procedimientos y la falta de recursos.
