«choque de autoridad» contra la delincuencia, el gas de la risa y los rodeos urbanos
El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, presentó un ambicioso proyecto de ley que busca generar un verdadero «choque de autoridad» frente al avance de la delincuencia y la criminalidad organizada. El texto refuerza la ofensiva del Gobierno contra el uso desviado del gas de la risa, los estupefacientes, los rodeos urbanos y la violencia en los estadios.
Por: RFI con AFP
El proyecto de ley, que fue rebautizado «Ripost» (Respuestas inmediatas contra los fenómenos que perturban el orden público), debería ser inscrito en el orden del día del Parlamento antes del verano, para una adopción prevista en otoño.
Varias medidas ya se conocen, como por ejemplo el aumento a 500 euros de la multa delictiva de monto fijo (AFD) para los consumidores de estupefacientes, anunciada a mediados de diciembre en Marsella por Macron.
El objetivo del texto es abordar las «infracciones graves», pero también dar medios de acción e investigación reforzados a los investigadores y a las fuerzas del orden.
En el capítulo del «choque de autoridad», Nuñez anunció la creación de tres delitos y un procedimiento administrativo. Inhalar el gas de la risa (óxido nitroso) se convertirá en un delito, dijo el ministro, sancionado con un año de prisión y 3.750 euros de multa, con posibilidad de una multa AFD de 200 euros. El gas de la risa se ha convertido en un fenómeno preocupante en Francia. El transporte del producto sin motivo legítimo será sancionado con 2 años de prisión y 7.500 euros de multa, y conducir bajo sus efectos con 3 años de prisión y 9.000 euros de multa. Su venta estará estrictamente regulada, su venta ilegal será sancionada y los comercios infractores estarán sujetos a cierre administrativo.
La Asamblea Nacional y el Senado ya habían adoptado cada uno, por su parte, un texto específico para prohibir la venta al público de este producto cuyo uso desviado se ha convertido en un peligroso “flagelo”. Las medidas del gobierno sustituirán a esos textos.
Morteros pirotécnicos
También habrá un endurecimiento de las sanciones para los morteros pirotécnicos, utilizados como armas contra las fuerzas del orden (hasta 3 años de prisión por posesión y transporte ilícitos). Los comercios que los vendan ilegalmente estarán sujetos a cierre administrativo.
En cuanto a los rodeos motorizados, está prevista una AFD de 800 euros, junto con una prohibición administrativa de conducir cualquier vehículo terrestre motorizado, incluidos los que no requieren permiso de conducir.
Para combatir la violencia en los estadios, la prohibición administrativa, según Beauvau, será ampliada a los casos de incitación al odio y la discriminación. Comenzará 24 horas antes de un partido y finalizará 24 horas después de su término, y podrá aplicarse a otros lugares además de los estadios, como zonas de aficionados y los recorridos que conducen a estos lugares.
Por otra parte, el texto prevé ampliar a los alquileres turísticos amueblados la evacuación forzosa de ocupantes ilegales prevista en la ley Kasbarian de 2023.
En lo que respecta a la lucha contra el consumo de drogas, además del aumento de la multa AFD, está prevista una pena complementaria de suspensión del permiso de conducir. Las personas multadas varias veces por consumo podrán ver su licencia anulada por decisión del prefecto, añadió Nuñez. Pero ello ocurrirá tras una citación ante una comisión médica, precisó el ministerio.
Choque de eficacia
El segundo componente del texto busca, según el ministro, crear un «choque de eficacia», dotando a los investigadores y a las fuerzas del orden de medios adicionales de acción e investigación.
Para luchar contra la criminalidad organizada, varias medidas completan el arsenal de la ley contra el narcotráfico: posibilidad para policías y gendarmes de realizar registros, incluido el de maleteros, sin orden del fiscal, hasta 40 km de las fronteras terrestres y del litoral; extensión de las técnicas especiales de investigación al tráfico de medicamentos; y posibilidad de que los magistrados comuniquen información judicial a los servicios de inteligencia.
También figuran, según el ministerio, la extensión a 72 horas (en lugar de las 48 actuales) de la detención preventiva en casos de criminalidad organizada financiera y la autorización de la lectura automática de matrículas por parte de policías y gendarmes, con conservación de los datos durante un año.
