Honduras cuestiona el Grupo de Expertos de la ONU
El grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres hace una década presentó su informe y sus recomendaciones al Estado hondureño en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los expertos piden a Honduras investigar posibles complicidades de funcionarios públicos en el crimen, pero el nuevo gobierno puso en duda la imparcialidad del grupo de expertos.
Por: Raphaël Morán
Tras seis meses de investigaciones en Honduras, el grupo de expertos independientes (GIEI) sobre el asesinato de la activista Berta Caceres llegó a la conclusión de que el crimen fue previsible y evitable.
Según los expertos, se trató de una operación planificada con la participación de sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, y con la tolerancia de funcionarios. Los expertos evidenciaron también el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés, destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponía Berta Caceres con la comunidad indígena lenca. Fondos desviados para pagar a los sicarios que acabaron con la vida de la activista.
Roxana Altholz, una de las expertas, expuso como el Estado hondureño ignoró deliberadamente las interceptaciones telefónicas de los responsables del crimen: “En esas conversaciones se utilizaban expresiones como ‘gatillero’, ‘por 40 lo haría’ o ‘la decisión depende de allá arriba’. Incluso se hacía referencia a contactos dentro de estructuras de inteligencia. Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que finalmente terminó con el asesinato de Berta Cáceres”.
“La reparación exige medidas estructurales”
Aunque ya hay ocho condenados por este crimen, los expertos recomiendan al Estado hondureño profundizar las investigaciones sobre el rol de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como reparar a la comunidad lenca.
“La reparación exige medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca que sigue vigente, la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas”, expresó Roxana Altholz.
El representante del nuevo gobierno hondureño de derecha, el procurador José Francisco Quiroz, recibió sin embargo estas recomendaciones con escepticismo, y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. “En el marco de la búsqueda de la justicia, no resulta viable convalidar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional”, afirmó.
Si bien las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño sí debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU Andrea Pochak, claramente molesta por la declaración del procurador hondureño quien puso en duda también la imparcialidad de uno de los expertos del GIEI.
