Editorial | El caso Melitón Cordero y la urgencia de blindar la transparencia migratoria
La gestión de visas no puede convertirse en un terreno de privilegios
Samantha Radio Online, Santo Domingo, RD
Las revelaciones sobre Melitón Cordero y la supuesta capacidad de obtener una visa en apenas dos semanas han encendido las alarmas sobre la fragilidad de los controles institucionales en materia migratoria. Más allá del nombre propio, lo que está en juego es la confianza ciudadana en procesos que deberían ser regidos por la igualdad, la transparencia y la legalidad.
Cuando un promotor artístico asegura que alguien puede acceder a un documento consular con rapidez extraordinaria, la pregunta inevitable es: ¿qué mecanismos permiten que unos tengan acceso privilegiado mientras otros enfrentan trámites largos y rigurosos? La sospecha de discrecionalidad erosiona la credibilidad de las instituciones y abre espacio a la percepción de favoritismo.
La gestión migratoria no puede convertirse en un terreno de privilegios. Cada visa otorgada representa un acto de soberanía y debe responder a criterios claros, verificables y auditables. Si existen atajos, intermediarios o influencias que facilitan el proceso para unos pocos, se compromete el principio de igualdad ante la ley y se debilita la confianza en el sistema.
Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles institucionales. La transparencia no es un lujo, es una obligación democrática. Los procesos migratorios deben estar blindados contra la discrecionalidad y la corrupción, con mecanismos de trazabilidad que permitan verificar cada paso y cada decisión.
La República Dominicana, como país emisor y receptor de flujos migratorios, tiene el reto de garantizar que sus ciudadanos y visitantes enfrenten procedimientos justos y equitativos. La confianza en las instituciones se construye cuando los procesos son claros y no dependen de contactos, favores o influencias.
El periodismo cumple aquí un rol esencial: visibilizar las grietas, señalar las irregularidades y exigir respuestas. La denuncia pública es el primer paso para que las autoridades revisen protocolos, refuercen controles y aseguren que la gestión migratoria sea un espacio de legalidad y no de privilegios.
La transparencia en los procesos de visas no solo protege la imagen del país, también fortalece la seguridad nacional y la credibilidad internacional. Un sistema migratorio confiable es parte de la institucionalidad que sostiene la democracia y garantiza que los derechos se ejerzan sin distinción.
El caso Cordero debe servir como advertencia y como oportunidad. Advertencia de lo que ocurre cuando los controles fallan, y oportunidad para que las autoridades refuercen la institucionalidad, cierren brechas y aseguren que la gestión migratoria sea un terreno de igualdad, no de privilegios.
