Defensa de Donald Guerrero considera materialmente imposible que haya cometido delito
“La Constitución prohíbe expresamente que el Estado ocupe propiedades privadas sin compensación previa y justa. La regularización de esas deudas no respondió a una decisión discrecional, sino al estricto cumplimiento de una obligación jurídica del Estado”, indicó
Ramón Cruz Benzán, Santo Domingo, RD
La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, afirmó que los pagos por expropiaciones realizados durante su gestión respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano, derivadas de sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional.
Eduardo Núñez explicó que muchos de estos pagos correspondieron a expropiaciones efectuadas hace décadas, algunas desde las décadas de 1950 y 1960, en las que el Estado ocupó terrenos que destinó a carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas, sin haber completado oportunamente el pago a sus legítimos propietarios.
“La Constitución prohíbe expresamente que el Estado ocupe propiedades privadas sin compensación previa y justa. La regularización de esas deudas no respondió a una decisión discrecional, sino al estricto cumplimiento de una obligación jurídica del Estado”, indicó.
Detalló que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de Justicia, mientras que el resto se realizó con base en tasaciones técnicas elaboradas por Catastro Nacional, en muchos casos por debajo del valor de mercado y posteriormente ratificadas judicialmente. “Cumplir una sentencia judicial no es corrupción”, subrayó.
Asimismo, Núñez precisó que el Ministerio de Hacienda no fijó precios, no seleccionó beneficiarios ni resolvió disputas de titularidad. “Hacienda actuó como un ejecutor administrativo. Su función se limitó a verificar la documentación exigida por la ley y a ejecutar pagos ya determinados por decretos, avalúos oficiales o sentencias definitivas. No existió margen alguno de discrecionalidad”, afirmó.
En relación con las imputaciones del Ministerio Público, la defensa concluyó que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan, pues no hubo daño patrimonial, no hubo decisión discrecional y no existió beneficio personal, elementos indispensables para la configuración de cualquier ilícito penal.
Reiteró que no existe evidencia financiera, documental ni administrativa que vincule al exministro con enriquecimiento ilícito, colusión institucional o manejo indebido de recursos públicos.
El abogado resaltó que estas expropiaciones no generaron perjuicio económico al Estado. Por el contrario, permitieron ahorros superiores a RD$10,000 millones, al haberse acordado numerosas indemnizaciones por debajo del valor de mercado.
“El Estado pagó lo que legalmente debía pagar y recibió a cambio los terrenos que ocupa y continúa utilizando para fines públicos”, señaló.
Núñez informó que la defensa expondrá próximamente ante el tribunal los fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales que desmontan las imputaciones del caso, iniciado en noviembre de 2020.
“Cuestionar estos pagos implicaría aceptar que el Estado pueda ocupar terrenos durante décadas sin pagarlos, o que se beneficie indebidamente conservando tanto los terrenos como el dinero. Esa tesis es jurídicamente insostenible, contraria a la Constitución y al interés público”, concluyó.
