Stephora Ann-Marcie Joseph: Una tragedia que desnuda las grietas del sistema educativo dominicano
Por Lic. Alan Vargas, Santo Domingo, RD
El 14 de noviembre de 2025, la República Dominicana fue sacudida por la noticia de la muerte de la niña Stephora Ann-Marcie Joseph, de apenas 11 años, durante una excursión escolar organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci en Santiago. El caso, más allá de la tragedia personal, expone las debilidades institucionales y las prácticas irregulares que persisten en el sistema educativo.
Según la autopsia, Stephora falleció por asfixia mecánica por ahogamiento en una piscina de más de seis pies de profundidad, construida de manera antigua y sin señalización adecuada. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la niña se adentró en el agua y comenzó a pedir auxilio, sin recibir respuesta inmediata.
El audiovisual muestra que varios niños presentes observaron la escena sin alertar a los adultos, mientras una maestra pasó cerca de la piscina usando su celular, ignorando los gritos de la menor. Stephora permaneció sumergida por más de 30 minutos antes de que otros niños intentaran rescatarla.
La tragedia se agravó cuando las maestras presentes se negaron en múltiples ocasiones a llamar al 911, prefiriendo esperar instrucciones de la directora del colegio. Esa demora resultó fatal y refleja una alarmante falta de protocolos de emergencia en instituciones educativas.
El Ministerio Público, encabezado por la magistrada Olga Diná Llaverías, ha prometido sanciones contundentes contra los responsables. Cuatro trabajadoras del colegio fueron arrestadas: la directora administrativa, la coordinadora general, una orientadora y la coordinadora del nivel secundario.
Sin embargo, los abogados de la familia han denunciado que el colegio como institución no figura como imputado jurídico en la solicitud de medida de coerción, lo que abre un debate sobre la responsabilidad corporativa en casos de negligencia escolar.
Este caso pone en evidencia una práctica común en muchas escuelas públicas y privadas: la organización de excursiones y actividades recreativas que, en ocasiones, se financian con fondos recaudados por los propios maestros y profesores.
Tales actividades, aunque vistas como oportunidades de integración, están prohibidas por reglamentos especiales de la Ley Educativa Dominicana, precisamente por los riesgos que implican y la falta de garantías de seguridad.
La muerte de Stephora revela que estas excursiones no solo vulneran la normativa, sino que también exponen a los estudiantes a escenarios inseguros, donde la improvisación y la falta de supervisión pueden tener consecuencias irreparables.
El caso debe servir como un llamado de atención para las autoridades educativas, que deben reforzar la vigilancia sobre las instituciones y garantizar que las actividades escolares se ajusten estrictamente a la ley.
Asimismo, urge la implementación de protocolos claros de emergencia, capacitación en primeros auxilios para docentes y la prohibición efectiva de excursiones que no cuenten con condiciones seguras y supervisión adecuada.
La memoria de Stephora Ann-Marcie Joseph no puede quedar reducida a una estadística. Su muerte debe convertirse en un símbolo de la necesidad de transformar la cultura institucional en nuestras escuelas, poniendo la vida y la seguridad de los niños por encima de cualquier interés administrativo o económico.
Ante esta dolorosa realidad, corresponde a las autoridades educativas y al propio Gobierno asumir una postura firme y responsable. No basta con atender el caso de Stephora como un hecho aislado; se requiere una política clara que prohíba tajantemente a maestros y profesores organizar o financiar actividades extracurriculares mediante la recaudación de fondos que, por su improvisación y falta de regulación, ponen en riesgo la seguridad, la salud y la vida de los estudiantes. La Ley Educativa Dominicana ya contempla restricciones, pero su aplicación debe ser rigurosa y sin excepciones.
La memoria de Stephora exige que se actúe con determinación: que se refuercen los mecanismos de supervisión, que se sancione a quienes incumplan la normativa y que se garantice que ninguna institución, pública o privada, pueda exponer a los niños a escenarios inseguros bajo el pretexto de integración o recreación. Solo así se podrá transformar esta tragedia en un punto de inflexión que obligue a replantear la cultura institucional y a colocar la vida de los infantes en el centro de toda política educativa.
En este contexto, resulta alarmante constatar que prácticas similares a las que derivaron en la tragedia de Stephora Ann-Marcie Joseph se repiten en distintas instituciones educativas del país. Escuelas como la Rafaela Santaella en el kilómetro 12 de Haina, la Hermanas Mirabal en el Café de Herrera, Colegio La Hora de Dios, en Buenos Aires de Herrera, Liceo Eladio Peña de La Rosa, la República de Colombia en la avenida Bolívar, y la Nuestra Señora del Altagracia en el ensanche Altagracia de Herrera, Liceo Eladio Peña de La Rosa, Escuela Primaria Cristobalina de Herrera, Escuela Básica Herrera, Colegio Experimental Federico Henriuez y Carvajal, entre muchas otras a nivel nacional, han sido señaladas por organizar excursiones y actividades recreativas financiadas con fondos recaudados por maestros y profesores, pese a que estas prácticas están prohibidas por los reglamentos especiales de la Ley Educativa Dominicana. Este patrón evidencia una cultura institucional que normaliza la vulneración de la normativa y expone a los estudiantes a riesgos innecesarios, lo que refuerza la urgencia de que las autoridades educativas y gubernamentales actúen con firmeza para erradicar estas conductas y garantizar que la seguridad de los niños sea siempre la prioridad absoluta.
