“Nuevo Código Penal: Reacciones que Marcan el Rumbo de la Justicia Dominicana”
Redacción de Samantha Radio Online
La promulgación del nuevo Código Penal en República Dominicana ha desatado una ola de reacciones entre figuras políticas, jurídicas, religiosas y sociales. Esta reforma, que sustituye una legislación vigente desde 1884, ha sido calificada como un avance histórico por algunos y como una decepción por otros.
El presidente Luis Abinader defendió la promulgación como “un paso necesario” para enfrentar la criminalidad y modernizar el sistema judicial. Aunque reconoció que “ninguna ley es perfecta”, afirmó que el nuevo código endurece las penas y ofrece mayor seguridad a las familias dominicanas.
Desde el Congreso Nacional, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, celebró la aprobación como “una conquista legislativa fruto del más amplio consenso posible”. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, también agradeció al mandatario por su “visión de futuro” y compromiso con el Estado de derecho.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso calificó el nuevo código como “el cambio legislativo más importante en materia penal desde el siglo XIX”. Destacó que se ajusta a las nuevas tendencias del derecho penal y fortalece la lucha contra delitos modernos como el feminicidio, el ciberacoso y la corrupción.
Juristas como Jorge Subero Isa y Olivo Rodríguez Huertas saludaron la reforma, señalando que representa una modernización de la dogmática penal dominicana. Rodríguez Huertas afirmó que “lanza a la modernidad” el sistema jurídico del país.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, valoró la reforma como un acto de valentía política. Subrayó que el nuevo código fortalece las garantías procesales y se adapta a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Desde el sector empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su respaldo, destacando que la nueva legislación promueve seguridad jurídica y confianza ciudadana. Consideraron que es un paso hacia una institucionalidad más sólida.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), aunque saludó la reforma, advirtió que se sacrificaron ciertos derechos y que existen errores constitucionales que deben ser corregidos durante el período de vacatio legis, (La vacatio legis se define como el lapso de tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor).
El jurista Carlos Salcedo reconoció avances en eficiencia jurídica, pero criticó retrocesos en derechos humanos, como la criminalización del aborto y la falta de responsabilidad penal institucional.
En el ámbito religioso, el obispo Jesús Castro Marte elogió al presidente Abinader por su “liderazgo y firmeza”, calificando la promulgación como un legado para el pueblo dominicano.
Sin embargo, la oposición política ha sido contundente en sus críticas. Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acusó al gobierno de “sepultar el sueño de la mujer dominicana” al excluir las tres causales del aborto.
José Dantés, también del PLD, denunció incoherencia en el discurso presidencial, recordando que Abinader había apoyado públicamente las causales en años anteriores.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han calificado el nuevo código como un “retroceso” en la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Señalan que la omisión de las causales pone en riesgo vidas y derechos fundamentales.
El abogado Félix Portes advirtió que el código aún tiene desaciertos, especialmente en temas como el cúmulo de penas y las causales, que deben ser revisados por el Congreso.
Mientras tanto, el periodista Pablo McKinney criticó duramente la reforma en su columna, calificándola como “funeraria, desigual, abusadora y medieval”, y acusó a los partidos de ganar por cansancio.
En conclusión, el nuevo Código Penal ha generado un debate profundo sobre el rumbo de la justicia dominicana. Aunque representa avances en tipificación de delitos y fortalecimiento institucional, también deja abiertas heridas sociales que exigen atención urgente. El próximo año será clave para ajustar y perfeccionar esta pieza legislativa que marcará el futuro penal del país.
