Se extingue la acción penal
Es la finalización de un proceso judicial debido a que no se ha conocido en el plazo máximo de cuatro años que se ha establecido en el Código Procesal Penal Dominicano
Ashley Martínez, SANTIAGO, RD
Un total de 157,562 casos fueron judicializados en República Dominicana en los últimos cinco años. De estos, 7,825 resultaron acogidos para la extinción de la acción de la penal en los tribunales de primer y segundo grado, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La extinción de la acción penal es la finalización de un proceso judicial debido a que no se ha conocido en el plazo máximo de cuatro años que se ha establecido en el Código Procesal Penal Dominicano.
Según los datos suministrados por la alta corte, solo para el año 2024, 2,756 casos se extinguieron. Entre las razones principales que concluyeron en este fallo o decisión, se encuentran 1,335 casos “sin detalles registrados” de sus motivos; 1,262 por vencimiento del plazo del proceso; 136 por prescripción; 14 por desistimiento; ocho por fallecimiento del imputado y uno por aplicación del criterio de oportunidad.
En el quinquenio del 2020 hasta el 2024, la extinción penal de los procesos judiciales se vieron de la siguiente manera, en los 34 distritos judiciales que abarcan las 31 provincias y el Distrito Nacional del país:
La Vega, lidera la lista con un total de 1,043 casos extintos en los últimos cinco años, seguido de San Cristóbal con 1,012, San José de Ocoa con 709, Distrito Nacional 595 y Monte Cristi con 408.
Asimismo, Santiago 370, Monseñor Nouel 351, Sánchez Ramírez 349, Espaillat 324, Valverde 311, Peravia 306, Azua 306, La Altagracia 254, La Romana 228, Villa Altagracia 214, San Juan de La Maguana 168, Puerto Plata 137, San Pedro de Macorís 129, Santo Domingo 170 y Duarte 167.
En tanto que, los distritos judiciales con menor número de casos extintos registrados son Dajabón, uno; Independencia, uno; María Trinidad Sánchez, ocho, Monte Plata, nueve; Santiago Rodríguez, 13; Hato Mayor y Constanza, con 15 cada uno; El Seibo, 16; Hermanas Mirabal, 23; Samaná, 25; Las Matas De Farfán, 30; Barahona, 37; Pedernales, 38, y Bahoruco, 43.
Términos absolutos
En una escala comparativa de la cantidad de solicitudes acogidas para la extinción de la acción penal en cada distrito judicial en términos absolutos, el Distrito Nacional pasó de 124 en 2020 a 137 en 2021 y 183 en 2022, con un aumento significativo en 2024 de más del 150% (128 instancias), con respecto a 2023, donde solo hubo 23. San Cristóbal, escaló de nueve peticiones en 2020 a 368 en 2024, con un aumento importante de más del 3,000% en el periodo de los cinco años con respecto al 2020.
Por su parte, La Vega creció de cero instancias en 2020 a 374 en 2024, con el mayor salto en 2022 que sobrepasa el 900%, con 264 casos.
Asimismo, los datos muestran un fenómeno de mayores variaciones interanuales en Espaillat, que de cero solicitudes en 2020 y 2021, subió a 225 en 2024, siendo este un incremento de más del 1,300% con respecto a 2023, cuando solo hubo 83.
San Juan de la Maguana se elevó de una solicitud en 2020 a 64 en 2024, con un aumento en 2021 del 2,600% (60) y en 2022 de más del 400% (43) con respecto del primer año.
Además, Valverde pasó de dos solicitudes en 2020 a 190 en 2024, con un pico en 2023 con 17 solicitudes, que representó más del 160% con respecto a 2022, cuando hubo 70.
Casos
Super Tucano, Bahía de Las Águilas y Los Tres Brazos, son casos que resuenan en la historia periodística al mencionar la extinción de la acción penal, considerando que los tribunales, en al menos una fase de sus respectivos procesos, fallaron con esta disposición.
Aunque en diciembre de 2024, en una decisión unánime de sus tres jueces, la Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la extinción penal del caso de los sobornos para la compra de ocho aviones Super Tucano, en 2007, este caso se consolidó como uno de los más grandes y famosos en extinguirse- durante un lapso en República Dominicana.
El Caso Super Tucano fue un escándalo de corrupción que involucró la adquisición de ocho aviones de combate Embraer EMB 314 Super Tucano por parte de República Dominicana, por un valor aproximado de 94 millones de dólares, financiados mediante un préstamo del banco brasileño BNDES.
El principal imputado fue el ex ministro de Defensa durante el periodo presidencial de Leonel Fernández de ese año, Pedro Rafael Peña Antonio. Además, Carlos Ramón Piccini Núñez, e xdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, y Daniel Aquino Hernández, un empresario vinculado al proceso.
La empresa Embraer admitió haber pagado sobornos por un total de 3,5 millones de dólares a los funcionarios. Como resultado, en 2018, fue condenada a pagar al Estado dominicano una indemnización de siete millones 40 mil dólares.
En septiembre de 2023, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra los imputados, debido al vencimiento del plazo de prescripción establecido por la ley, ya que la investigación se extendió por más de ocho años, involucrando colaboraciones entre las autoridades judiciales de República Dominicana, Estados Unidos y Brasil.
En diciembre de 2024, la Corte revocó la extinción del caso, ordenando que el juicio se reiniciara desde cero, destacando que el plazo de prescripción no es solo un cálculo matemático, sino que implica considerar diversos factores legales y procesales.
Caso Bahía de las Águilas
Este se centró en la presunta venta fraudulenta de terrenos en una zona protegida al suroeste del país. Tras años de litigio, en 2018, el Tribunal Constitucional declaró la extinción de la acción penal.
Los jueces Felipe Molina Abreu, Tania Yunes Sánchez y José Gregorio Bautista, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenaron el cese de cualquier medida de coerción que pesara contra los imputados Jaime Rodríguez Guzmán , ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD); su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y su esposa Reina Margarita Martínez, u otro acto que restringiera el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.
Casos Los Tres Brazos
En abril de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró, por tercera vez, la extinción de la acción penal por vencimiento de plazo máximo del proceso en favor de los imputados en la venta de terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, acogido a partir del pedimento realizado por la defensa de la imputada Lisetel González.
Además de González, esta decisión favoreció a Leoncio Almánzar Objío, ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Irving Cruz Crespo, Manuel Aybar Ferrando, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Juana Inés Gómez Williams y Domingo Gerardo Lebrón de los Santos.
Se recuerda que los acusados en el expediente fueron detenidos en julio del 2018. En junio del 2022 fueron favorecidos con un no ha lugar y en diciembre del 2023, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió en parte un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de no ha lugar y ordenó un nuevo juicio para una parte de los encartados, que son a los que se le declaró la extinción de la acción penal.
