Caso Senasa: entre la corrupción, la justicia y la expectativa de un desenlace ejemplar
Por Lic. Alan Vargas | Samantha Radio Online
El caso Senasa se ha convertido en uno de los procesos judiciales más sonados de la República Dominicana en los últimos años. Lo que comenzó como denuncias aisladas sobre irregularidades administrativas terminó destapando una trama de corrupción que involucra a altos funcionarios y técnicos vinculados al Sistema Nacional de Salud.
La investigación se inició tras auditorías internas y reportes ciudadanos que señalaban inconsistencias en contratos, pagos y servicios relacionados con el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Estas alertas fueron recogidas por el Ministerio Público, que abrió un expediente y comenzó a rastrear documentos, transferencias y testimonios.
El hallazgo más contundente fue la existencia de un esquema de desvío de fondos y sobrevaloración de servicios médicos, lo que afectaba directamente los recursos destinados a la atención de los asegurados. La magnitud del fraude llevó a que el expediente fuera declarado complejo por los tribunales.
En diciembre de 2025, el juez que conoció la medida de coerción calificó los hechos como “crueles” y comparó el caso con un “holocausto”, reflejando la gravedad de las acusaciones. Se dictó prisión preventiva de 18 meses contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y otros seis implicados
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales dispuso el traslado de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en lugar de Najayo, lo que generó debate público sobre las condiciones y el simbolismo de la medida
Mientras tanto, los abogados defensores han tramitado solicitudes de fianza y arresto domiciliario, alegando incongruencias en el expediente y cuestionando la proporcionalidad de la prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que las pruebas son sólidas y que el riesgo de fuga es real.
El proceso ha sido acompañado de un intenso debate mediático y social. Editoriales, programas de opinión y manifestaciones ciudadanas han exigido que este caso se convierta en un ejemplo de cómo enfrentar la corrupción en el sistema de salud.
En paralelo, el Ministerio Público recibió un plazo de ocho meses para concluir la investigación y presentar un requerimiento conclusivo. Esto implica que durante 2026 se conocerán las acusaciones formales y se definirá si el caso pasa a juicio de fondo.
Los resultados hasta el momento incluyen la detención de los principales implicados, la incautación de documentos y la suspensión de contratos sospechosos. Además, se ha abierto un debate sobre la necesidad de reformar los mecanismos de control en Senasa y en todo el sistema de salud pública.
La sociedad dominicana observa con atención, consciente de que este caso no solo trata de corrupción administrativa, sino de recursos que debieron salvar vidas y garantizar servicios médicos dignos. La indignación ciudadana se ha traducido en presión hacia las autoridades para que no haya impunidad.
El desenlace aún está por definirse, pero todo apunta a que el caso Senasa marcará un precedente. Si se logra una condena ejemplar, se enviará un mensaje claro de que la corrupción en el sector salud no será tolerada. Si, por el contrario, se diluye en tecnicismos legales, la desconfianza en las instituciones se profundizará.
En conclusión, el caso Senasa es más que un expediente judicial: es una prueba de fuego para la justicia dominicana y para la credibilidad del Estado frente a su pueblo. Lo que comenzó como denuncias aisladas hoy es un símbolo de la lucha contra la corrupción y un recordatorio de que la salud no puede ser negociada ni saqueada.
El Lic. Alan Vargas es Editorialista, Educador y Director de Samantha Radio Online y tv
