Envío de informe de Senasa a Procuraduría es una advertencia
El mandatario indica que en los cinco años de gestión ha luchado contra la impunidad y corrupción
Santo Domingo, RD.
El presidente Luis Abinader indicó que el informe entregado el sábado a la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y que contiene irregularidades detectadas en la administración de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa) es una advertencia a los demás funcionarios de su gobierno “para que no se equivoquen”.
En un mensaje en su cuenta de X, el mandatario indicó que siempre que en los cinco años de gestión ha luchado contra la impunidad y corrupción, debido a que puede tener amigos, “pero jamás cómplices”.
“Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en @ARSSeNaSaRD directamente a la procuradora @YeniBerenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”, escribió Luis Abinader en su cuenta de X.
El sábado en la mañana, el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Edward Guzmán, entregaron a la procuradora un informe que contiene “graves irregularidades detectadas en Senasa”.
“En esta mañana el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisaril), Miguel Ceara Hatton y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Edward Guzmán se encuentran ante la Procuraduría General de la República para hacer entrega formal de un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades fueron detectadas en el marco de sus funciones”, explicaba la mañana de este sábado Félix Reyna en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional.
Aunque no se sabe qué contiene el informe, varios programas de investigación señala que desde el 2020 a la fecha el Gobierno paga, en al menos un contrato, más de 65 millones de pesos mensuales, sin la necesidad de que se ofreciera el servicio para atención primaria, entre otros.
Estos grandes fraudes también contienen un “call center paralelo” que gestionaba las autorizaciones a favor de empleados.
