La corrupción administrativa es el principal tema tratado en Consejo de Gobierno

La procuradora General de la República, Yeni Berenice y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, son los responsables de explicarles a los ministros, directores y demás funcionarios las consecuencias contenidas en esas dos leyes

Javier Flores, Santo Domingo, RD
Las consecuencias penales contra la corrupción administrativa contenidas en nuevo Código Penal y la modificación de la ley de Compras y Contrataciones fueron el tópico principal del Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, realizado la noche del miércoles en el Palacio Nacional.
Por un espacio de dos horas, la procuradora General de la República, Yeni Berenice y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, fueron los responsables de explicarles a los ministros, directores y demás funcionarios las consecuencias contenidas en esas dos leyes.
«Con estas reformas reafirmamos nuestro compromiso de construir un estado más transparente, justo y eficiente al servicio de todos los dominicanos», exclamó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien fungió como el vocero del Consejo de Gobierno.
Paliza indicó que el recién promulgado Código Penal incorpora nuevas tipificaciones «modernas y rigurosas» con relación a los delitos de la administración pública.
“Entre las novedades se destacan sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos; además, introduce disposiciones que refuerzan la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos, así como mecanismos para garantizar mayor efectividad en los procesos judiciales relacionados con estos delitos”, manifestó el funcionario.
La pieza también incorpora estándares internacionales de lucha contra la corrupción, alineando el marco jurídico dominicano con las recomendaciones de organismos multilaterales.
“Esto representa un paso firme hacia la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, exclamó.
De su lado, Pimentel explicó los detalles de la nueva legislación, promulgada en julio de 2025, que moderniza el sistema bajo principios de transparencia, integridad y competencia.
Entre sus avances destacan la implementación de la plataforma Pladicop para la trazabilidad digital de los procesos; la incorporación de sanciones penales para actos de corrupción; la promoción de la inclusión social (con un 30% de las compras reservadas para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres); así como el uso de inteligencia de datos y gestión de riesgos para optimizar la inversión pública.
Durante la reunión, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, presentó los resultados de los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destacan los importantes avances del país en transparencia e integridad pública.
“El Gobierno del presidente Abinader ha hecho de la integridad pública una bandera. Con este nuevo Código Penal, la nueva ley de contrataciones públicas y los avances reconocidos por la OCDE, reafirmamos nuestro compromiso de construir un Estado más transparente, justo y eficiente, al servicio de todos los dominicanos”, aseguró Paliza.