Se requiere un cambio cultural que fomente la ética y la responsabilidad en el servicio público
Por Alan Vargas, alanvargas01@gmail.com
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como órgano fiscalizador del Estado, ha enfrentado una serie de crisis institucionales que han puesto en jaque su credibilidad. Estas situaciones han sido el resultado de conflictos internos, acusaciones de corrupción y problemas estructurales que han dificultado el cumplimiento de su misión principal: garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Uno de los principales problemas que enfrenta la institución es la recurrente falta de cohesión entre sus miembros. Las desavenencias internas han derivado en un ambiente tóxico de trabajo que limita la efectividad del órgano colegiado. Un ejemplo evidente de esto fue el juicio político al que fueron sometidos algunos de sus integrantes en años anteriores, dejando un precedente histórico en la democracia dominicana.
Además, las acusaciones de acoso laboral y conductas indebidas contra el presidente de la Cámara han agravado la percepción pública de la institución. Aunque algunas de estas acusaciones no se han sostenido en el tiempo, han contribuido a generar una pérdida de confianza en su liderazgo. Estos conflictos han resultado en una parálisis operativa, afectando la realización de auditorías esenciales para el control y supervisión de los recursos públicos.
Otro problema significativo radica en la falta de independencia y autonomía de la Cámara de Cuentas. Se ha señalado que las designaciones de sus miembros responden más a intereses políticos que a criterios técnicos y de mérito. Esto genera una dependencia del poder político que limita su capacidad para actuar con imparcialidad y firmeza frente a irregularidades.
A pesar de estas dificultades, existen propuestas viables para sanar esta situación. Una de las soluciones más discutidas es la transformación del órgano colegiado en uno unipersonal, lo que eliminaría las luchas de poder internas y facilitaría la toma de decisiones. Esta reforma requeriría cambios en la Constitución, pero podría dotar a la Cámara de Cuentas de mayor estabilidad y eficacia.
Otra medida propuesta es la implementación de procesos de selección más transparentes y basados en méritos, garantizando que los miembros sean personas con integridad comprobada y experiencia en el manejo de recursos públicos. Esto ayudaría a restaurar la confianza pública y a fortalecer la independencia del órgano.
Asimismo, es esencial que se establezcan controles internos más rigurosos y mecanismos de supervisión para prevenir la corrupción y las conductas inapropiadas dentro de la institución. La creación de un comité externo de ética podría ser una opción para garantizar que se cumplan los estándares más altos de responsabilidad y transparencia.
Por otro lado, la digitalización de los procesos de auditoría y la implementación de nuevas tecnologías podrían mejorar significativamente la eficiencia operativa de la Cámara. Esto no solo aumentaría la productividad, sino que también reduciría los riesgos de manipulación y errores humanos.
En conclusión, la Cámara de Cuentas enfrenta retos considerables que ponen en juego su reputación y efectividad como órgano fiscalizador. Sin embargo, con las reformas adecuadas y el compromiso de los actores involucrados, es posible transformar esta institución en un pilar confiable de la democracia dominicana.
El éxito de estas medidas dependerá de la voluntad política y el respaldo de la ciudadanía, quienes tienen el poder de exigir mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
La crisis en la Cámara de Cuentas es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en República Dominicana. Un órgano fiscalizador que no cuenta con la confianza de la ciudadanía difícilmente puede cumplir con su propósito de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.
La solución no radica únicamente en reformas estructurales, sino también en un cambio cultural que fomente la ética y la responsabilidad en el servicio público. Esto requiere un compromiso conjunto entre las autoridades, los legisladores y la sociedad civil para priorizar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.
Solo con una Cámara de Cuentas robusta y funcional será posible avanzar hacia una gestión más transparente de los recursos públicos, un objetivo fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y la confianza ciudadana en las instituciones del país.
